Colocamos para el debate de los
visitantes este artículo de Crismar Lujano del CELAG para evaluar la realidad
latinoamericana en Brasil, con la intensión de hacer la prospección de la realidad de Brasil a la luz del como en Venezuela se reflejaría
en caso negado de presentarse la derecha en el gobierno venezolano, es de
recordar que el actual mandatario de Brasil Michel Temer no llego por elecciones populares, si no por un golpe de estado parlamentario, lo
cual está siendo aprovechado para revertir todas las políticas populares que se
implementaron desde la época de Lula Dasilva, por lo que no es indebido realizar
un minucioso detalle de lo que sucede en Brasil.
Debemos también evaluar la situación
de Argentina, donde su actual presidente Mauricio Macri, que si es mandatario por los votos populares, esta denunciado
de corrupto confeso y envuelto por completo en los papeles de Panamá (paraísos fiscales para
evadir impuestos), además que directamente perdono una
deuda multimillonaria a el consorcio de empresas de su familia, por lo que pareciera una película de terror trajicómica, pero no, son las noticias de la realidad en el 2017, es que en Argentina
con las medidas aplicadas por Mauricio Macri, ha aumentado la inflación e impuestos, como los servicios básicos, las medidas económicas que favorecen a las clase acomodadas, los despidos
laborales para la clase trabajadora y las protestas en aumento, esta realidad la debatiremos en otro artículo,
por ahora les dejamos con CRISMAR
LUJANO con el articulo RECORTES Y PRIVATIZACIÓN, COTIDIANIDAD EN EL BRASIL DE
TEMER
Desde el golpe parlamentario en
contra de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, se libra una batalla por
reinstalar el modelo económico de austeridad social y entreguismo al capital
extranjero. Esta disputa entre modelos no es nueva en Brasil, y ha sido
recurrente desde mediados del siglo XX.
Una vez se hizo con el poder,
Michel Temer no perdió tiempo en dar a conocer la hoja de ruta económica a
seguir durante los próximos años. Del agresivo viraje neoliberal, destaca un
paquete de privatizaciones y concesiones previstas para un período de tres años
que bajo el clásico discurso de mejorar la competencia entre empresarios y
garantizar la transparencia de los contratos, se pretende, según sus propias
palabras, “hacer una apertura extraordinaria de la infraestructura brasileña a
la iniciativa privada”.
El plan lleva por nombre
“Proyecto Crecer” y contempla 34 objetivos, en su mayoría, vinculados con la
privatización de activos estratégicos del Estado que aportan beneficios
millonarios a las arcas públicas.
Por otra parte, los gobernadores
estaduales, no se quedan atrás con los recortes presupuestarios y la venta de
activos públicos. En Río, el paquete de maldad, expresa el mismo modelo.
Desmantelamiento de Petrobras
Si en la primera etapa ya se
vendieron eléctricas, hidroeléctricas, parques eólicos, puertos y aeropuertos a
precio de “galinha-morta”[1], ahora le toca el turno a la joya de la corona
brasileña: Petrobras.
El plan privatizador parece
acelerarse en las últimas semanas, y de este modo, en sólo una semana se
realizaron cuatro ventas relacionadas con la estatal petrolera:
Luego de meses de negociaciones,
el 28 de diciembre de 2016, la estatal petrolera finalmente acordó la venta de
dos de sus activos más importantes: la compañía petroquímica Suape, y la
Compañia Integrada Textil, Citepé, ambas ubicadas en el estado de Pernambuco y
cedidas a la mexicana Alpek.La operación cifrada en US$385 millones se pagará
en reales brasileños y sujetos a ajustes en capital de trabajo y deuda
circulante.
Las dos compañías de ingeniería
textil operan un sitio con una capacidad de producción de poliéster de entre
450.000 y 700.000 toneladas por año. Citepé, también opera una planta de hilos
texturizado con capacidad de 90 mil toneladas por año.
Ese mismo día, Petrobras vendió
el total de sus acciones de la Corporación Guarani, el tercer mayor productor
de azúcar de Brasil, a Tereos Participations (grupo de capital francés). Las participaciones de la petrolera que
correspondían al 45,97% del capital total de la compañía, fueron cedidas por
US$202 millones. De este modo, la francesa Tereos se hizo con el 100% de
Guarani ya que antes de la compra era el accionista mayoritario con el 54,03%.
Un día después, el 29 de
diciembre de 2016, Petrobras vendió su refinería Nansei Seikyu, localizada en
la isla nipona de Okinawa, a la japonesa Taiyo Oil Company, compañía que pagó
US$165 millones por la totalidad de las acciones. La ahora ex refinería
brasileña tiene una capacidad de procesamiento de 100 mil barriles diarios de
petróleo y posee 36 tanques que almacenan 9,5 millones de bdp y derivados,
además de tres muelles para carga y descarga de navíos, que responden por el
50% del mercado naval de Okinawa.
En la primera semana de 2017, se
informó sobre la venta por US$470 millones de otro de los bienes pertenecientes
a Petrobras más apetitosos al gran capital. Se trata de la filial Petrobras
Chile, la cual se encargaba de la distribución de combustibles de la estatal en
ese país y que cuenta con 279 puntos de servicio, una planta de lubrificantes,
ocho terminales de distribución, operaciones en 11 aeropuertos y participación
en dos empresas de logística. Todos estos activos fueron cedidos a Southern
Cross Group, una firma de capital privado dueña de activos por un valor de
US$2.900 millones y un portafolio de inversiones en Latinoamérica en los
sectores industrial, servicios, logística y productos de consumo.
Las ventas de la estatal se
enmarcan en el proceso de “desinversiones” lanzado por la nueva directiva de la
petrolera con la que – según el relato oficial – se busca recaudar dinero para
hacer frente a la gigantesca deuda que arrastra causada, entre varias cosas,
por una red de corrupción denunciada en su interior. La pregunta sería:
¿desinversiones para afrontar pasivos o para recompensar al gran capital que
apoyó el golpe a Dilma? Queda claro que Temer debe pagar por los favores
recibidos.
Paquete de Maldad, ajuste en Río
Y sobre el plan privatizador que
asola Brasil, Rio de Janeiro se ha convertido en el laboratorio avanzado de
experimentación sobre el proceso privatizador brasileño. La semana pasada, Rio
de Janeiro fue epicentro de protestas en contra de las medidas de ajuste fiscal
propuestas por el gobierno fluminense que están a la espera de ser votadas en
los próximos días por la asamblea legislativa de ese estado.
Siguiendo la línea retórica que
ha utilizado el gobierno de Temer para poner en macha sus planes económicos en
todo Brasil, el gobernador de Río, Luiz Fernando Pezão, firmó en junio un
decreto por el cual el estado está en un régimen administrativo de emergencia
debido al “estado de calamidad económica”.
Desde entonces, el gobierno de
rio ha impulsado un paquete de medidas de austeridad llamado paquete de maldad
que incluye, entre otras cosas, una rebaja de jubilaciones y salarios de
funcionarios públicos, aumento del pasaje de transporte público. La discusión
del proyecto pautada para diciembre pasado pero que fuera pospuesta por la agudización
de las protestas, reposa en el legislativo del estado de Rio a la espera de la
sanción para ser implementado.
El paquete presentado ante la
asamblea legislativa en 2016, también prevé la extinción del programa renta
mejor entregado desde 2008 a 160 mil familias en extrema pobreza, que además
reciben el bolsa familia, el plan social del gobierno nacional creado por el ex
presidente Lula da Silva. La segunda medida de gran impacto que levantó
protestas en toda la ciudad desde el año pasado, dispone que aquellos
pensionados que cobran menos de 1.600 dólares, tendrán un descuento del 30 por
ciento en sus haberes durante 16 meses.
El proyecto pretende sumar unos
400 millones de dólares al año al erario público con el aumento del descuento
jubilatorio del 11 por ciento al 14 por ciento a los empleados públicos. Por su
parte, las secretarías de atención social y de apoyo a las minorías y de
cultura serán extinguidas, y en total el número de carteras del estado de río
caerán de las actuales 20 a 12.
Otra de las propuestas más
impopulares es el pretendido aumento del 15 por ciento el valor del transporte
público intermunicipal, el más usado en la ciudad que pasará a costar 2,3
dólares, pues se trata de una medida que impactará directamente sobre el
bolsillo de la clase trabajadora y sus ya deprimidos sueldos por la recesión
económica que atraviesa Brasil.
Sin embargo, dispuesto a no
perder tiempo, Pezão se ha hecho de un plan B. El gobernador fluminense ha
acordado un crédito con el gobierno federal por 2 mil millones de dólares a
cambio de la privatización de la compañía estadual de aguas y cloacas, recortes
de gastos cifrados 3 mil millones de dólares, aumento de impuestos y la
exigencia de ingresos futuros de regalías de petróleo.
Río de Janeiro es, quizás, el
estado más afectado por la crisis económica que atraviesa Brasil. Crisis que
los ciudadanos no provocaron pero serán los más castigados en medio de la
escalada de los sectores tradicionales de vuelta al poder y sus planes de
revocar las conquistas sociales de empoderamiento político y económico
alcanzadas durante los gobiernos progresistas al frente del país durante la
última década.
FUENTE: http://www.rebelion.org
http://www.celag.org/recortes-y-privatizacion-cotidianidad-en-el-brasil-de-temer/
