Les colocamos para el dialogo y el debate este articulo que no tiene desperdicio alguno, es puro lomito sin grasa, publicado en el Correo del Orinoco, que tiene por autor a Sergio Gelfenstein con fuente de prensa presidencial, espero que lo disfruten...
El territorio venezolano
usurpado por Gran Bretaña de manera injusta y arbitraria a través
del Laudo Arbitral de París del 3 de octubre de 1899 no ha sido
reconocido ni aceptado por ningún gobierno venezolano desde esa
fecha hasta ahora.
Desde el punto de vista
histórico, la posesión de todo el territorio -hoy en reclamación-
por parte de España desde el siglo XV es innegable y reconocida por
todas las potencias existentes en la época. La República de
Venezuela creada en 1810 fue heredera del territorio que hasta ese
momento conformaba la Capitanía General de Venezuela. En 1648, por
el Tratado de Münster, Holanda había reconocido que los territorios
comprendidos entre los ríos Orinoco y Esequibo eran españoles,
dando configuración a la Guayana española. España, por su parte
reconoció la soberanía holandesa de la Guayana oriental, la cual
fue cedida posteriormente a Gran Bretaña a través de un tratado que
firmaron británicos y holandeses en 1814, esto incluía un
territorio de 20 mil millas al este del Esequibo.
Aunque desde finales del
siglo XVI Gran Bretaña había ocupado territorios españoles y
holandeses en América, es a partir de 1814 cuando inicia su agresiva
y hostil política de expansión hacia el oeste desde las regiones
bajo su soberanía en Guayana. Así, las 20 mil millas originales de
su posesión, se fueron ampliando a 60 mil a mediados del siglo XIX,
a 76 mil en 1855 hasta llegar a las 109 mil millas. Hay que recordar
que Gran Bretaña era la principal potencia colonial y ejercía su
hegemonía sin cortapisas en el mundo a través de la fuerza, la
agresión y el avasallamiento.
En este contexto,
Venezuela permanentemente protestó por la actitud prepotente y
expansionista de Gran Bretaña y en 1897, solicitó la evacuación
del área en conflicto. La respuesta británica a través de su
embajador en Caracas, F. Saint John fue desafiante y amenazadora.
Antes, en 1895, el gobierno de Venezuela, -apelando a la Doctrina
Monroe- había solicitado al de Estados Unidos que intercediera en el
conflicto. Por esta razón, en 1896 Estados Unidos y Gran Bretaña
inician conversaciones sobre el problema limítrofe de esta última
con Venezuela. Esto condujo en 1897 a un tratado para establecer el
arbitraje.
Estados Unidos logró
imponer condiciones de arbitraje absolutamente lesivas para Venezuela
y favorables a Gran Bretaña. La debilidad del gobierno venezolano no
pudo impedir tales reglas. Este arbitraje es el que en 1899, al
margen del derecho internacional, incumpliendo las normas que él
mismo había establecido y sin que Venezuela pudiera exponer sus
argumentos, falló legitimando la usurpación. El verdadero alcance
de la expoliación, sólo se vino a saber muchos años después.
En 1949 se dio a conocer
un memorándum escrito por el abogado estadounidense Severo
Mallet-Prevost quien había actuado como consejero de Venezuela en la
negociación. Vale decir que todos los “representantes” de
Venezuela en el arbitraje, encabezados por el ex presidente Benjamin
Harrison también eran estadounidenses. En el documento, publicado
después de su fallecimiento, Mallet-Prevost reconocía que el Laudo
fue producto de un arreglo político entre Estados Unidos y Gran
Bretaña, acordado al margen del derecho internacional y, que hizo un
trazado arbitrario de la frontera. Vale decir que dos de los cinco
jueces que fallaron eran británicos y otros dos estadounidenses.
Esto demuestra la
naturaleza viciada del Laudo y es la razón por la que ningún
gobierno venezolano lo ha reconocido. En 1951, durante la IV Reunión
de Consulta de cancilleres de la OEA, Venezuela hizo reserva pública
del Laudo. A partir de ese momento, el país hizo permanentes
gestiones a favor de buscar reconocimiento internacional a su
posición, rechazando la validez jurídica del Laudo e insistiendo en
la necesidad de la negociación para una salida pacífica al
diferendo. En 1966, Gran Bretaña aceptó finalmente, iniciar
negociaciones con Venezuela, llegando al Acuerdo de Ginebra de 17 de
febrero de 1966. Este acuerdo fue reconocido por Guyana al acceder a
su independencia el 26 de mayo de ese año.
Venezuela, reconoció la
independencia de Guyana, reservándose el mantenimiento de su demanda
histórica, y por tanto reconociendo la soberanía del nuevo Estado a
partir del territorio al este de la línea media del Río Esequibo
desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Atlántico.
A través del tiempo,
este diferendo se ha mantenido en términos amistosos y en los marcos
del derecho internacional, independientemente de los gobiernos que
haya habido en uno y otro país. Como se ha demostrado, a Venezuela
le asiste la razón histórica y jurídica.
Dando continuidad a la
tradición de la diplomacia venezolana, de manejar el conflicto en el
marco del principio de solución pacífica de las controversias, el
Comandante Hugo Chávez puso el énfasis en los intereses de los
pueblos de ambos países, insistiendo en los términos amistosos que
signan las relaciones entre Venezuela Y Guyana, y en los objetivos
supremos de la integración latinoamericana y caribeña.
La primera señal de
alarma en fechas recientes evidenciando una alteración de esta
situación, se produjo cuando Guyana renunció a dar continuidad al
trabajo del buen oficiante designado por Naciones Unidas. Esta fue
una indicación inequívoca que anunciaba la intención guyanesa de
llevar el conflicto por otra ruta. Lamentablemente así fue. Por
primera vez en la historia, el diferendo fue tema de campaña
electoral, desatando un furibundo nacionalismo anti venezolano,
oportunamente utilizado por el candidato que hoy es primer ministro.
La concesión a la Exxon
Mobil se inscribe en la lógica de escalar el conflicto para poner a
Venezuela en el banquillo de los acusados. Esta empresa, actuando
bajo protección de poderosos intereses económicos y políticos
trasnacionales ha optado por actuar como cabeza de playa de una nueva
escalada intervencionista contra Venezuela. Es el mismo método de la
declaratoria de Venezuela como amenaza que emitiera el presidente
Obama el pasado 9 de marzo y que fracasara ostensiblemente. Sin
embargo, este caso es mucho más delicado porque pone a prueba con
mayor profundidad los equilibrios de la integración latinoamericana
y caribeña y los esfuerzos que han llevado a crear Unasur, Celac y
Petrocaribe.
La escalada se propone
establecer la idea de que Venezuela es un país agresor. Ello, la
diferencia de la declaración del 9 de marzo, porque mientras ésta
exponía a Venezuela de forma enunciativa como una amenaza en contra
de Estados Unidos, en este caso, si Venezuela se viera obligada a
tomar medidas para defender su soberanía en las aguas territoriales
en disputa, sería “prueba” de su “manifiesta voluntad agresiva
contra un país pequeño como Guyana”
Nuevamente, como en la
declaración del 9 de marzo, el objetivo inmediato es Venezuela, pero
la meta ulterior es destruir el proceso de integración. Se pretende
poner a prueba todo lo que con gran esfuerzo se ha podido construir
en materia integracionista. Las transnacionales de la desinformación,
de inmediato han comenzado a vociferar sobre el “espíritu agresivo
de Venezuela”.
En este marco, la
creación de las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e
Insular (Zodimain) ha despertado “preocupación” en nuestro
flanco occidental. Al respecto el presidente Santos ha declarado que
“… estamos en este momento estudiando ese decreto, se lo hemos
sometido a la Comisión negociadora que tenemos hace ya muchos años
con Venezuela y por supuesto, si encontramos algo que nos afecte,
haremos la protesta diplomática del caso en forma inmediata. Pero en
este momento estamos estudiando el decreto y sus repercusiones sobre
Colombia”.
Para echarle “más
carbón al fuego” los medios de comunicación colombianos se han
apresurado a informar que “según expertos internacionalistas
consultados” el decreto de Venezuela que crea la Zodimain
occidental no tiene validez, pues “el decreto emitido por Venezuela
establece unilateralmente la delimitación marítima entre Colombia y
Venezuela, cosa que no ha sucedido con ningún país, salvo con
Guyana, que protestó y hoy tienen un litigio que está siendo objeto
de mediación por un delegado de la ONU” y rematan afirmando que
“en el caso con Colombia ¬porque las otras zonas operativas
creadas mediante el decreto afectan a países como Guyana, Surinam y
Francia¬, lo que hicieron fue establecer unilateralmente la
delimitación marítima entre los dos países, cosa que no tiene
precedentes”. Si esperábamos escalamiento del conflicto, aquí lo
tenemos. La mención de Francia, país miembro de la OTAN y
permanente del Consejo de Seguridad de la ONU no es gratuita.
Una vez más, la
diplomacia debe estar alerta y actuar a la máxima altura para
impedir que las huestes imperiales, obtengan beneficios del estímulo
de contradicciones que perfectamente se pueden mantener en el terreno
de la negociación y las relaciones amistosas entre pueblos hermanos.
Como siempre, la firmeza estratégica debe ser acompañada de la
flexibilidad táctica que nos lleve a buenos resultados, evitando el
conflicto tan deseado por el monstruo imperial.
AUTOR: SERGIO GELFENSTEIN
PRENSA PRESIDENCIAL
